Banda de metal reclama a EE.UU. por usar su música en cárcel de Guantánamo

La banda musical canadiense Skinny Puppy ha reclamado al Departamento de Estado de Estados Unidos 666.000 dólares en pago de derechos por el supuesto uso de su música en interrogatorios a presos de la Base Naval de Guantánamo (Cuba).

El grupo ha enviado al Gobierno de Estados Unidos una factura con la curiosa cifra por haber recibido información por parte de un antiguo guarda de la prisión de que su música, del género metal industrial con toques de punk electrónico, fue utilizada sin permiso en interrogatorios en al menos cuatro ocasiones.

"Música original para interrogatorios en la base de Guantánamo. Alto secreto", indica el concepto de facturación que el cantante de la formación, Cevin Key, ha enviado al Gobierno estadounidense.

Key ha indicado a medios canadienses que no descartan demandar al Departamento de Defensa por el uso de su música para interrogatorios, en los que según organizaciones de derechos humanos se practicó la tortura y que ocurrieron en los primeros años de la prisión.

La fuente que reveló que la música de Skinny Puppy era utilizada en Guantánamo está escribiendo un libro y asegura que en el presidio se llegó a someter a los detenidos a entre 6 y 12 horas continuas de música "dark metal" a todo volumen para quebrantar su moral.

El líder de la banda dijo hoy al canal CTV de Canadá que desconocían que su música se utilizaba "como un arma contra alguien" y se sienten "ofendidos" por el hecho de que se haya usado para "infligir daño" a personas.

La prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba) comenzó a operar en 2002 para detener e interrogar con técnicas hoy consideradas tortura a presos de la guerra contra Al Qaeda.

Tras doce años y haber mantenido encarcelados a casi 700 sospechosos, el penal de Guantánamo sigue operativo y en él permanecen detenidas 155 personas pese a las promesas del presidente estadounidense, Barack Obama, para completar su cierre definitivo.

Del total de internos, la mayoría tienen el visto bueno para ser transferidos a un tercer país y unos pocos esperan un juicio que les podría acarrear la muerte por planear atentados como los del 11 de septiembre de 2001 y contra el destructor estadounidense USS Cole en 2000.